El legislador afirma que reconoce el derecho de propiedad privada, pero que no se debe atropellar a los ocupantes
La propietaria de unos terrenos de donde fueron desalojadas decenas de familias en el barrio «El 4» en Marañón de Villa Mella hace más de un mes, acusaron al senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, de obstruir el cumplimento de sentencias que reconocen el derecho del inmueble, mientras que el legislador asegura que reconoce el derecho de propiedad, pero que rechaza el abuso.
Rita Virginia Peña Jimenez informó que tiene 15 años litigando por esos terrenos que compró en 1994 al señor Andrés Valenzuela. Indicó que tiene una sentencia de 2018 que establece el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada.
Además, manifestó que cuenta con una certificación de no casación emitida por la Suprema Corte de Justicia y una orden de desalojo del abogado del Estado para desalojar a familias que ocupan unos terrenos de su propiedad de alrededor de 38,127.9 metros cuadrados.
Informó que en el año 2020 el abogado del Estado le otorgó una orden de desalojo, amparada en una sentencia de un tribunal competente, pero que el plazo de ejecución venció por un asunto de burocracia policial.
«Nos interpusieron un referimiento ellos mismos, (los desalojados el 19 de abril pasado) salimos ganancioso ratificando la orden de desalojo, interpusieron un recurso de casación a ese referimiento, también salimos gananciosos», dijo Peña Jiménez.
Negó que se haya practicado el desalojo sin notificación y aclaró que las notificaciones están en la oficina del abogado del Estado y aclaró que de no haber sido así, los afectados no hubiesen interpuesto un recurso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. «Si no les notificó ellos no habrían podido apelar algo que no tiene conocimiento», dijo.
Peña Jiménez entregó a Diario Libre un legajo de documentos emitidos por los la Suprema Corte de Justicia, el Abogado del Estado, la Primera Sala del Tribunal Superior de Tierra, así como una orden de desalojo y dos títulos de propiedad a nombre de Rita Virginia Peña Jiménez que la acreditan como propietaria de un terreno de 14,680.84 metros cuadrados correspondiente a la parcela 400572233326 ubicado en el sector Marañón en Santo Domingo.
Otra certificación de títulos que también acredita a Peña Jiménez como propietaria de la parcela 400572222596 con una superficie de 23,447.06 metros cuadrados ubicada en el sector Marañón, Santo Domingo Norte con fecha 19 de enero de 2019.
Explicó que para hacer uso del derecho de propiedad y ejecutar el desalojo de las familias el 19 de abril pasado, intervino el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras.
«Nosotros no tenemos nada en contra del senador, lo que si queremos es que respete nuestro derecho que, así como él tiene propiedades que la vela para que nadie se la invada, nosotros lo único que pedimos es eso y hemos utilizado la vía del derecho», indicó la afectada.
Demandó del legislador que no intervenga en este proceso y deje que se cumplan la ley como lo establecen las sentencias que tiene a su favor.
Indicó que en una oportunidad intentaron negociar los terrenos con los propios ocupantes y no fue posible, por lo que ahora ya no tienen interés en llegar a ningún acuerdo con ellos, más que hacer posesión de su bien.
El Senador
Taveras indicó que como senador de la República intervino en el caso porque hay 376 familias involucradas y le solicitó al abogado del Estado que le permitiera investigar el caso a ver si las familias podían ser asentadas en otro lugar, pero como quiera se ejecutó el desalojo en horas de la madrugada.
Informó que se reunió con la propietaria de los terrenos para llegar a un acuerdo y ella planteó que el Estado le compre los terrenos, pero sin reconocer que esas familias tienen 25 y 30 años viviendo en el lugar con una certificación que le otorgó a cada familia el Instituto Agrario Dominicano(IAD).
«No soy un político tradicional, no hago política con la miseria humana, pero si entiendo que cuando hay gente con 30 años ocupando unos terrenos, por algo no se le había desocupado desde el principio. Pienso que es una irresponsabilidad de parte de esa señora decir que estoy haciendo política con ese caso», dijo Taveras.
Indicó que el caso está en la justicia y entiende que al parecer se vendieron los terrenos con las familias dentro porque fueron dotados de sus certificaciones otorgado por la autoridad competente y afirmó que el tema está en poder del IAD.
«Las invasiones de tierra hay que pararlas y hay que darle duro, pero hay situaciones delicadas como esta», reiteró el legislador del Partido Revolucionario Moderno(PRM).
La situación
Un total de 45 familias, de 225 que tiene el barrio, permanecen desde hace 36 días a la intemperie debido a que sus casas fueron derribadas por los propietarios del terreno. Se han juntado y debajo de una vieja lona recolectan y cocinan en pedazos de block.
En el mismo lugar duermen en viejos colchones y otros en algunas de las viviendas que fueron destruidas parcialmente. La mayoría de las casas permanecen intactas, luego de la intervención del senador Antonio Taveras.
Pelagio Matías informó que siguen pasando penurias con niños y ancianos y comen porque todos los días cocinan en un fogón. «Estamos aquí porque no tenemos para dónde ir, se está en conversación con el IAD porque estos terrenos, entendemos que son del IAD, aunque se lo hayan adjudicado a ella, (a la reclamante)».
Mildred García, es una señora que tiene su pierna derecha hinchada porque resbaló en el lodo causado por las lluvias debajo de la lona. Dice que tiene 20 años viviendo en el lugar y clamó al presidente Luis Abinader para que les busque una solución a las familias.
«Ya esto es demasiado, que el Presiente haga algo por nosotros, que nos ayude con la situación que nosotros tenemos», dijo la señora.
Gregory Matías indicó que algunos vecinos les han dado algo de comida, pero fue al principio. Indicó que los comedores económicos les ha ayudado con algunas raciones y gestionan que les sigan llevando para no morirse de hambre.
