Las previsiones de las elecciones del 4 de febrero apuntan a una reelección inconstitucional del presidente y a la debacle de una oposición que se enfrenta a su desaparición
CLAUDIA PALACIOS y WILFREDO MIRANDA / El País
En El Salvador, a menos de una semana de la celebración de sus elecciones generales, pocos ponen en duda la reelección de Nayib Bukele, ni mucho menos se le presta importancia a que su alargamiento como presidente viola la constitución de ese país centroamericano. La única variante que causa curiosidad en las elecciones fechadas para este cuatro de febrero es el futuro de la oposición: ¿quedará extinguida ante la consolidación de un modelo de partido hegemónico? Todo apunta a que sí.
Las encuestas en El Salvador pronostican que el actual mandatario y su partido, Nuevas Ideas, arrasarán con las elecciones presidenciales y legislativas. La alta popularidad de Bukele, sumado a una serie de cambios en las reglas del proceso electoral previo a los comicios, y una oposición dividida que no logró capitalizar el descontento de distintos sectores sociales por las violaciones a derechos humanos cometidas durante el Régimen de Excepción, explican este escenario. Los opositores también han sido incapaces de sacar réditos a la inconformidad ciudadana por la crisis económica.
Los estudios de humor social y político realizados desde hace cuatro años por el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (CEC-UFG) muestran que la oposición política salvadoreña pasa por su peor momento.
Los dos partidos tradicionales, que durante tres décadas controlaron el escenario político del país más pequeño de Centroamérica, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), han perdido gran parte de sus bases de apoyo. A pesar de sus insistentes discursos de renovación, no logran recuperarlas ni hacer frente a la avasalladora popularidad de Bukele quien, con la implementación del Régimen de Excepción, ha logrado neutralizar el azote de las pandillas y ha generado un estado de satisfacción en materia de seguridad ciudadana, a pesar de cientos de denuncias por detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos en las cárceles.
“Los líderes de la oposición tradicional tienen altos niveles de rechazo y hay un sentimiento negativo por todo su pasado político y los escándalos de corrupción en sus gobiernos”, explica Óscar Picardo, director del Centro de Estudios, una entidad que analiza la coyuntura política salvadoreña.
Mientras que los partidos políticos emergentes, como Vamos y Nuestro Tiempo, tampoco logran conectar con la gente debido a que son muy pequeños y no tienen recursos ni capacidad para darse a conocer ni comunicar, explica Picardo.
El arrastre de Bukele es tal, que incluso los partidos que han sido sus aliados, como Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) –la agrupación que le funcionó como su vehículo para llegar al poder– y el Partido de Concertación Nacional (PCN) se han visto eclipsados por el oficialismo. Según los cálculos de las encuestas, estos partidos no tendrían oportunidades de regresar al parlamento después de la elección de este cuatro de febrero.
La encuesta más reciente realizada por el consorcio electoral Observa El Salvador, integrado por tres universidades, entre ellas la Universidad Francisco Gavidia, y cinco organizaciones de la sociedad civil, señala que Bukele goza de un 70.9% de preferencia electoral entre la población. Le sigue en un lejano segundo lugar Manuel Flores, candidato presidencial de la exguerrilla del FMLN, con un 2.9% de aprobación. En tercer lugar, se sitúa Joel Sánchez de ARENA con un 2.7 %. Luis Parada de Nuestro Tiempo tiene el 1.1 %, y en último lugar, Marina Murillo del partido Fraternidad Patriota Salvadoreña y José Javier Renderos de Fuerza Solidaria comparten el 0.6 %.
El otro dilema de los opositores: desaparecer
Los pronósticos señalan que Nuevas Ideas, el partido del presidente, se hará con 57 de los 60 diputados del parlamento, mientras que Arena lograría dos curules y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), uno. Es decir que Bukele reforzaría el control total en la Asamblea Legislativa, eliminando todo contrapeso en ese poder del Estado.
Otro dilema que plantea esta crisis a los opositores es su existencia como partidos políticos. De acuerdo con la ley electoral salvadoreña, para evitar la cancelación de su personalidad jurídica, las agrupaciones políticas deben obtener un mínimo de 50.000 votos en la elección a diputados de la Asamblea Legislativa o lograr, al menos, un escaño en el parlamento.
“Los resultados de las encuestas dicen que los partidos como FMLN y Arena podrían sobrevivir, ya que solo necesitan 50 mil votos, que quizá podrían conseguir con su base. Pero el resto de los partidos pequeños, incluyendo GANA y PCN, parecería que están al filo de desaparecer. De tal manera que estaríamos frente a un modelo de partido hegemónico oficial como país”, explica Picardo.
Picardo hace énfasis en que los partidos de oposición no estaban preparados para enfrentar las nuevas reglas electorales impuestas por el oficialismo un año antes. En junio de 2023, la Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, aprobó cambios al Código Electoral para reducir el número de diputados del parlamento de 84 a 60 e impuso una nueva fórmula mediante la cual se asignan los escaños.
La medida fue ampliamente criticada, porque beneficia a los partidos mayoritarios y dificulta la representación de minorías en el parlamento. El ejercicio de proyección de Observa El Salvador señala que, de no haberse aplicado los cambios, todos los partidos de oposición habrían obtenido al menos una representación.
“Es una responsabilidad compartida. Todas las reformas y los cambios electorales fueron hechos para afectarlos, pero ellos tampoco se prepararon para esto. No lograron planificar y ni siquiera lograron el intento de unidad que se plantearon antes de las elecciones. Privaron los egoísmos partidarios e ideológicos y eso demuestra la falta de entendimiento del contexto político electoral”, señala Picardo.
Previo a los comicios generales, una plataforma ciudadana denominada “Sumar” convocó a los partidos políticos de oposición y organizaciones de la sociedad civil a conformar una plataforma electoral que respaldara una candidatura única. Sin embargo, partidos como la derechista Arena y la exguerrilla del FMLN rechazaron integrarse debido a sus históricas diferencias ideológicas. Mientras que otros partidos emergentes como Vamos no sintieron sus visiones representadas en la plataforma, por lo que también desistieron de ella. Finalmente, el único partido que respaldó a Sumar fue Nuestro Tiempo, que asumió la fórmula presidencial del exmilitar y abogado, Luis Parada, y la defensora de derechos humanos, Celia Medrano.
“Desconfianza” en las encuestas
Pese al panorama crítico de cara al próximo cuatro de febrero, los partidos de oposición a Bukele ponen sus esperanzas en lograr convencer a un 21% del electorado que, según la encuesta de Observa El Salvador, piensa abstenerse de votar (15%) o anular su voto (6.1%). Además, la mayoría de los candidatos dice desconfiar de los resultados debido a que “la población no tiene libertad para expresar su verdadera opinión”.
“En la situación de El Salvador, en la que cualquier persona puede ser detenida y acusada falsamente por agrupaciones ilícitas u otra cosa, ¿quién va a decirle a un completo extraño (encuestador) que está en contra del presidente Bukele?”, dice a EL PAÍS Luis Parada, candidato a la presidencia del partido Nuestro Tiempo.
Joel Sánchez, el candidato de ARENA, señala que su partido no está pensando en una derrota, a pesar de los pronósticos negativos para todos los partidos de oposición. “Tenemos datos diferentes que no concuerdan con la realidad que se está expresando en estas encuestas. Entonces, la verdad es que no confiamos en estas encuestas, de manera contundente, porque no reflejan la realidad que vemos en el territorio”, señala.
Los candidatos de oposición, además, han denunciado la falta de imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral al admitir la candidatura de Bukele, a pesar de que está prohibida constitucionalmente. En noviembre pasado, previo al inicio de la campaña electoral, los cuatro partidos de oposición, Arena, FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo, se negaron a firmar un pacto de entendimiento y buenas prácticas convocado por el TSE, argumentando que el tribunal no había garantizado un proceso en igualdad de condiciones.
El FMLN señaló, en un comunicado, que la autoridad electoral “ha permitido de manera sistemática los abusos y violaciones a este proceso por parte del oficialismo y todo su aparato”. El partido de izquierda destacó el uso de recursos públicos para campaña electoral en función del partido en el gobierno, la utilización del aparato del Estado para fines propagandísticos y la campaña de odio liderada por funcionarios y miembros del partido oficial, entre otros.
