Por: Dilen Montero
Lo ocurrido en la comunidad de Los Negros, provincia Azua, no es un daño colateral ni una consecuencia inevitable del desarrollo energético. Es el resultado directo de una decisión política consciente, donde el Gobierno ha optado por proteger intereses comerciales privados mientras sacrifica el derecho a vivir, a producir y a respirar de toda una comunidad.
La Jornada de Contacto Comunitario que realizamos en Los Negros tuvo un propósito claro: escuchar, documentar y acompañar a hombres y mujeres que hoy padecen los efectos devastadores de la operación de las barcazas generadoras de electricidad instaladas en su litoral. Lo que encontramos fue una comunidad sometida, empobrecida y silenciada.
Los impactos medioambientales son evidentes y progresivos. La contaminación de las aguas ha golpeado de manera directa la pesca artesanal, dejando a decenas de familias sin su principal fuente de sustento. La agricultura, históricamente una actividad de supervivencia y dignidad, se ve afectada por emisiones y residuos que deterioran el suelo y el entorno. A esto se suman afecciones a la salud que ya no pueden seguir siendo ignoradas ni minimizadas por las autoridades.
Pero lo más grave no es solo el daño ambiental y económico. Lo más grave es que el Gobierno ha decidido colocarse del lado de la empresa y no de la gente. A los comunitarios, pescadores, agricultores y vendedores se les ha negado el derecho fundamental a la protesta y a la manifestación pacífica, utilizando mecanismos de presión y represión que solo se explican desde una confabulación abierta entre el Estado y la empresa Karpowership.
Aquí no hay neutralidad institucional. Hay un Estado que usa su poder para proteger una operación comercial, aun cuando esta destruye el tejido social, ambiental y productivo de una comunidad entera. Hay un Gobierno que criminaliza el reclamo ciudadano y convierte el miedo en política pública.
A esta situación se suma el silencio vergonzoso de los legisladores oficialistas de la zona, quienes han decidido traicionar la representación que les fue otorgada. Su mutismo no es prudencia: es complicidad. Callan mientras su gente enferma. Callan mientras el mar muere. Callan mientras se pisotean derechos constitucionales básicos.
Desde la Secretaría de Participación Comunitaria del Partido de la Liberación Dominicana, y en representación del PLD, acudimos a Los Negros porque creemos que la política debe servir para defender comunidades, no para entregarlas al mejor postor. No fuimos a prometer, fuimos a respaldar y a denunciar, conscientes de que la historia no absuelve a quienes miran hacia otro lado.
No puede haber desarrollo cuando se destruye la vida. No puede hablarse de energía limpia cuando se contamina el entorno y se empobrece al pueblo. Y no puede haber democracia cuando se reprime la protesta o los justos reclamos sociales para proteger negocios.
Los Negros de Azua no necesita más excusas ni más silencios. Necesita justicia ambiental, respeto a sus derechos y un Estado que recuerde que su razón de ser es servir a la gente, no someterla. El pueblo observa, resiste y no olvida. Y llegará el momento en que cada quien responda por el lugar que decidió ocupar: del lado de la comunidad o del lado del negocio.
El autor es titular de la Secretaria de Participación Comunitaria del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), estudiante de Periodismo; destacado comunicador, experto en marketing político y municipalista por vocación.
