El país ha alcanzado cuotas muy altas de inseguridad, pero el narcotráfico y las pandillas se vienen fraguando desde los años ochenta
La ola de violencia que sufre actualmente Ecuador puede leerse como un fenómeno nuevo en un país que hasta ahora ha estado al borde de los graves problemas de inseguridad de otros países vecinos como Perú y Colombia. Eso quedó enterrado en el pasado. En los últimos tres años se han producido disturbios carcelarios en los que decenas de personas fueron asesinadas con cuchillo, un ataque con dinamita y armas largas a una estación de televisión en vivo, atentados con bombas en cuarteles y comisarías de policía y asesinatos selectivos de políticos y candidatos presidenciales.
El tráfico de drogas se ha convertido silenciosamente en un poder paralelo al Estado, que controla a jueces, generales y policías. Se podría pensar que el colapso de las instituciones se ha producido en un tiempo récord. Sin embargo, una mirada a los últimos 40 años muestra que los problemas que han surgido ahora surgen desde la década de 1980, cuando comenzó el tráfico de drogas a gran escala y surgieron las primeras pandillas.
“Ecuador como isla de paz es un nombre inapropiado”, explica Daniel Pontón, profesor universitario del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador y analista de seguridad. A diferencia de Colombia, allí no había guerrillas. El gobierno aplastó algunos intentos tentativos, pero en la década de 1980 la tasa de homicidios comenzó a aumentar.
En ese momento, dice Pontón, se registró la presencia de cárteles de la droga mexicanos, que hasta entonces había sido un secreto. Los problemas en la frontera se vieron exacerbados por la presencia de las FARC y grupos paramilitares colombianos al otro lado. Para combatir estas amenazas, el Estado autorizó el establecimiento de una base militar norteamericana en Manta, en el norte.
El ascenso al poder en 2007 de Rafael Correa, el político que gobernaría durante la siguiente década, vio un estallido de violencia y tráfico de drogas. El Plan Colombia, un acuerdo entre el gobierno de ese país y Estados Unidos para combatir el crimen, creó una diáspora criminal en territorio ecuatoriano. Posteriormente, Correa tuvo que enfrentarse a un motín policial en 2010, durante el cual él mismo fue tomado como rehén en una comisaría, lo que provocó una crisis de seguridad muy grave.
El presidente, gracias a un auge El petróleo y las materias primas redujeron en varios puntos la pobreza del país e implementó una reforma judicial que tuvo un efecto inmediato. El número de homicidios, que era de 20 por 100.000 habitantes a principios de siglo, se redujo drásticamente a 5,6 al final de su mandato.
Mano segura
La población carcelaria se cuadruplicó de 10.000 a 40.000. “Por supuesto fue una política de mano dura, aunque Correa ahora lo niegue”, añade Pontón. Se creó un nuevo código penal más estricto, los excedentes de petróleo se invirtieron en la policía, la policía fue recompensada por capturar a criminales de alto perfil y, por lo tanto, las personas más buscadas terminaron en prisión.
Correa completó su mandato con un 62% de aprobación y nombró a Lenín Moreno como su sucesor. Él, que pronto se distanciaría de su mentor, convocó un plebiscito para intervenir en el Consejo de Participación Ciudadana y crear un Consejo Territorial que controlaría todas las instituciones, incluido el poder judicial.
A partir de ahora Pontón marca un antes y un después. Coincide con secuestro y asesinato de tres periodistas peruanos del diario comercio por un grupo armado en el norte de Ecuador que operaba en ambos países. Luego se produjeron ataques terroristas, como la voladura de una comisaría de policía, que causaron gran revuelo.
Esto llevó a Moreno a destituir a todos los correístas de su gobierno, como el jefe del servicio secreto y los ministros de Defensa e Interior. Llevó a cabo una reforma integral en materia de seguridad, mucho más conservadora y más cercana a Estados Unidos.
Esa no es necesariamente la causa, pero es el comienzo de lo que sucedería después. Estos reclusos habían creado estructuras criminales que excedían la capacidad de los funcionarios. A partir de 2019, cuando estallaron los disturbios, las cárceles se convirtieron en un polvorín. Durante los siguientes cuatro años, casi 500 prisioneros morirían en estos disturbios.
La banda de Los Choneros tomó el control de las principales cárceles, aliada con el Cártel de Sinaloa para exportar cocaína a gran escala a Estados Unidos, y desde allí, aunque parezca contradictorio, comenzó a construir su red criminal. “Moreno nunca tomó en serio las masacres. Nunca hubo una intervención decisiva. De hecho, durante la pandemia se recortó el presupuesto penitenciario”, recuerda Pontón.
El empresario de derecha Guillermo Lasso llegó a la presidencia en 2021 y tenía todo el tema sobre la mesa. Diversos expertos coinciden en que sus políticas de seguridad fueron erráticas. Las pandillas respondieron con un motín que dejó más de 70 muertos en la cárcel de Guayaquil. La sensación de descomposición era total. Esto se refleja claramente en la tasa de homicidios. Pasó de seis por 100.000 habitantes en 2019 a 25,6 en 2022. El país se convirtió en una morgue gigante. El año pasado llegó a 45, lo que convierte a Ecuador en uno de los lugares más peligrosos del mundo.
Daniel Noboa, un joven empresario que lleva 60 días en el poder, se enfrenta ahora a la crisis más grande de todas, la crisis provocada por bandas criminales que quieren controlar todos los recursos del Estado. Noboa dijo durante la campaña que tenía un plan para combatir la inseguridad, pero había pasado el tiempo y no lo implementó, solo pidió al ejército que patrullara las calles, receta que habían utilizado presidentes anteriores.
Andrea Suárez, directora de Asuntos Públicos de LLYC, no está del todo segura de que este sea el camino correcto: “Aunque esto puede entenderse como un factor de progreso, su eficacia se prueba frente a dos factores principales: la viabilidad y la disponibilidad de recursos”.
El primero En este caso, la dinámica de trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia de la Policía Nacional será crucial. Esta no es una situación cotidiana y, sobre todo, engrasar los engranajes que ponen en movimiento una obra articulada puede llevar algún tiempo.
