Por: Olmedo Jáquez / Abogado y comunicador
La madurez de una democracia no se mide únicamente por la regularidad de sus elecciones, sino por la solidez institucional y la confianza que los ciudadanos depositan en ellas. Un sistema electoral robusto requiere árbitros imparciales, escrutinios transparentes, equidad en la competencia y vías institucionales efectivas para resolver disputas. En el continente americano, la realidad de estos componentes varía drásticamente según la historia y la cultura política de cada nación.
El panorama en Norteamérica
Canadá: Destaca como uno de los modelos más estables y respetados de la región. No obstante, su sistema de mayoría uninominal (first-past-the-post) suele ser criticado porque tiende a favorecer a las grandes fuerzas políticas, distorsionando la proporcionalidad entre los votos emitidos y los escaños obtenidos.
Estados Unidos: Cuenta con un diseño histórico, pero altamente complejo y debatido. Su marcada descentralización permite que cada estado fije sus propias reglas de votación, lo que genera disparidades procedimentales. Además, el cuestionado mecanismo del Colegio Electoral ha permitido presidencias sin mayoría en el voto popular. Tensiones recientes (como en 2000 y 2020) demuestran que incluso las democracias más antiguas sufren ante la polarización y el desgaste de la confianza pública.
La diversidad en América Latina
Los referentes de integridad: Uruguay y Costa Rica lideran la región con organismos electorales autónomos, profesionales y de alta credibilidad, garantizando transiciones pacíficas y estabilidad jurídica. Uruguay, en específico, se posiciona a la cabeza del continente por sus reglas claras y su fuerte cultura democrática.
Debilidades estructurales: En el otro extremo, diversos países sufren por la falta de fiscalización del dinero en la política, el uso indebido de recursos públicos en campaña, la excesiva judicialización y la pérdida de independencia de sus árbitros. En los casos más graves, la falta de garantías institucionales y el acoso a la oposición anulan la libre competencia.
Mito tecnológico: Herramientas como el voto electrónico o la biometría optimizan la gestión, pero nunca reemplazan los principios éticos esenciales: la imparcialidad, la rendición de cuentas y el apego estricto al Estado de derecho.
El Caso de la República Dominicana: Una Evolución en Marcha
El sistema electoral dominicano es un claro ejemplo de reforma progresiva. El gran catalizador del cambio fue la crisis política de las elecciones de 1994, la cual impulsó modificaciones constitucionales profundas para rescatar la legitimidad democrática.
Hitos de la modernización dominicana
A lo largo de las últimas tres décadas, el país renovó su andamiaje electoral a través de:
División de funciones: La Constitución de 2010 marcó un hito al separar la gestión administrativa (Junta Central Electoral) de la justicia contenciosa (Tribunal Superior Electoral).
Actualización normativa: Las leyes de Partidos Políticos (33-18) y de Régimen Electoral (15-19) introdujeron controles al financiamiento, regularon las campañas y promovieron la equidad de género y las elecciones primarias.
Fortalecimiento técnico: La JCE digitalizó el registro civil, implementó la biometría y robusteció el padrón, avances técnicos que han sido respaldados por observadores internacionales.
Desafíos pendientes para la consolidación
Pese a contar hoy con un sistema notablemente más fuerte y confiable que el de 1994, la agenda de mejoras sigue abierta:
Control del dinero: Sigue siendo urgente fiscalizar con mayor rigurosidad el financiamiento político y sancionar de forma efectiva el uso de recursos estatales.
Entorno digital y juventud: Es necesario combatir la desinformación en redes sociales y estimular el involucramiento de los votantes más jóvenes.
Cultura cívica: Se debe profundizar en la educación ciudadana y el compromiso de los actores políticos para que respeten las reglas del juego y canalicen sus inconformidades exclusivamente por las vías legales.
La salud de una democracia va más allá del acto de votar cada cuatro años. Se consolida realmente cuando las instituciones inspiran certidumbre, las reglas se aplican sin favoritismos y la sociedad entiende que las elecciones son la vía pacífica para renovar el pacto social del Estado de derecho.
- El autor es miembro titular de la Junta Electoral Santo Domingo Oeste
